La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Transparencia Social, con 78 votos a favor. El proyecto fue presentado por el Ejecutivo, con carácter de urgencia económica. La ley busca fortalecer los mecanismos de transparencia y control financiero sobre las organizaciones sociales sin fines de lucro (OSFL), con el fin de evitar que sean utilizadas para actividades ilícitas, como el lavado de activos, el narcotráfico o la corrupción.

¿Por qué surge esta ley?

El proyecto se sustenta en el artículo 140 de la Constitución, que faculta al Ejecutivo a enviar proyectos urgentes que deben resolverse en plazos reducidos. Se enmarca dentro de las reformas planteadas por el presidente Daniel Noboa, enfocadas en reforzar la supervisión de sectores vulnerables a delitos financieros.

Además, responde a recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que pide a los Estados aplicar controles más estrictos a las organizaciones sociales y sin fines de lucro, ya que en muchos casos pueden ser utilizadas para canalizar fondos de origen ilícito.

Principales medidas de la ley

Con esta normativa, las organizaciones sin fines de lucro deberán operar de manera más clara y responsable, asegurando que sus recursos se gestionen de forma adecuada. Entre los puntos más relevantes se encuentran:

*Registro unificado: todas las OSFL deberán inscribirse en un sistema público obligatorio, lo que permitirá tener un control centralizado de la información de estas entidades.
*Controles y buenas prácticas: se incorporan auditorías internas y externas, códigos de ética y canales de denuncia, asegurando que las organizaciones gestionen sus recursos de manera transparente.
*Evaluación de riesgos: cada organización será clasificada según su nivel de riesgo bajo, medio o alto, con obligaciones adaptadas a su categoría.
*Supervisión oficial: la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) será responsable de vigilar y aplicar metodologías para identificar operaciones sospechosas o irregulares.

Destinatarios e implicaciones

La ley afectará de manera directa a todas las organizaciones sin fines de lucro, ya sean personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Estas entidades deberán cumplir con requisitos de registro, control financiero y estándares de transparencia institucional.

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) será la encargada de supervisar el cumplimiento, aplicando un enfoque basado en riesgo para determinar el nivel de exposición de cada organización. La entrada en vigor de la ley dependerá de su aprobación en el segundo debate y de su posterior publicación en el Registro Oficial.

Actualmente, el proyecto se encuentra de regreso en la Comisión de Desarrollo Económico, donde se procesarán las observaciones antes de su discusión en el segundo debate, siguiendo los procedimientos establecidos por la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Fuente: https://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2016/12/LOFTCS.pdf